El dinero del gobierno

Dicen que una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad, y que estas mentiras viajan y se aceptan más rápido que los hechos. Nos sentimos cómodos con lo que nos conviene creer o con lo que requiere poco esfuerzo. Lo más pernicioso de este acomodo mental y moral es que nos aleja de la realidad y de la verdad.

Una de las falacias más populares es la de “el dinero del gobierno”. Es decir, que el gobierno es el creador, generador y, por tanto, custodio del dinero de un país. El famoso “chen-chen” se supone, según el mito urbano, que consiste en plata que tiene y produce el gobierno. Por lo tanto, la plata empieza y termina con el gobierno, y lo que importa es el gobierno como páter dadivoso.

La realidad es que el gobierno no es dueño de nada y no produce ningún dinero. El gobierno es una enorme y muy ineficiente máquina de distribuir dinero ajeno. Nada más. No hay tal cosa como el “chen-chen” del presidente, de este o de ninguno.

Los bienes de una nación son de los ciudadanos. Y el dinero de que dispone el gobierno viene exclusivamente de los impuestos que pagan éstos, específicamente los llamados contribuyentes. Tampoco la deuda pública es “plata del gobierno”. Es dinero que nos prestaron. Más temprano que tarde tenemos que devolverlo. ¿Y con qué? Con los ingresos de los impuestos, tasas y derechos que genera la actividad económica de los, cada vez menos, ciudadanos que trabajan y tributan.

Y precisamente porque el gobierno no es dueño del dinero que se le confía, es imprescindible que lo gaste correctamente. La juiciosa utilización de los recursos públicos es una buena parte del éxito de una nación. Un estado moderno debe concentrar sus recursos en el mejoramiento material, intelectual y espiritual de su gente. Esto se logra con una combinación de gasto e inversión pública que, sumado al esfuerzo particular, debe producir crecimiento cuantitativo y cualitativo y un marco institucional robusto que permita oportunidades para todos. Pero no es tan fácil como suena.

Nuestros gobiernos ni invierten suficiente y la mayoría del dinero se gasta improductivamente en burocracia o en exagerados subsidios que no invitan al acompañamiento de la inversión privada. El resultado: insuficientes ingresos tributarios para sufragar el pesado gasto del gobierno llevan a un creciente endeudamiento que trae más gasto, más déficit, más deuda y así, en un creciente círculo vicioso.

Lo irónico es que estos esquemas populistas acaban siendo un pesado lastre para la gente que pretenden redimir. Las grandes erogaciones en subsidios, por ejemplo, supuestamente destinadas a aliviar carencias, salen de la caja común del Estado y tratan de tapar un hueco cavando otro en la misma población que se pretende ayudar.

Las ayudas, que deben ser temporales y puntuales, se vuelven crecientes, dispersas y eternas. Y está más que demostrado que sus beneficios son marginales. Sin embargo, les roban cuantiosos recursos a programas que sí fomentan la formación personal, como la creación de empleos, infraestructuras viales, emprendimientos y otras iniciativas de mejoramiento del capital humano.

En este país, hace más de veinte años se pusieron de moda las ayudas condicionadas y la concentración del gasto estatal en el alivio de la población. Esta política, al final, ha equivalido a enfrentar una enfermedad sin arremeter contra las condiciones que la producen. Hemos tratado la pobreza y la vulnerabilidad sin ir a la raíz. El origen está, entre otros, en la ignorancia, la raquítica generación de oportunidades para salir adelante y la falta de un entorno jurídico estable que permita que todos y cada uno pueda labrarse su porvenir.

El dinero, sea poco o mucho, es menos importante que el destino y los criterios de para qué y cómo se utilice. Hay países de tamaño similar al nuestro que hacen mucho más con bastante menos. Aquí, veinte años después de que se inventaron las ayudas condicionadas y el gasto focalizado, la “redención del ciudadano” por el gobierno ha sido, en el mejor de los casos, una suma cero. Es tiempo de que tratemos la redención de los ciudadanos por sus propios esfuerzos.